martes, 26 de agosto de 2014



Tratado sobre las razones por las que el aumento de la pena tiene poco impacto en la reducción de la criminalidad en la República Dominicana.




En aquellos países donde hay una fuerte debilidad institucional,  tercermundistas por demás, estados fallidos si se quiere, como es el caso de la República Dominicana, en cuanto una serie de factores sociales provocan un aumento de los niveles de criminalidad y delincuencia inmediatamente se piensa que la culpa es del Código Procesal Penal, por ser muy 'light' con los delincuentes; que las penas son muy bajas o poco severas y que "El Código"debe ser reformado para aumentar las penas. Detrás de culpar al Código Procesal Penal, que fue instituido mediante la Ley 76-02 durante el gobierno de Hipólito Mejía, en sustitución del viejo Código de Procedimiento Criminal que databa del Siglo XIX, específicamente de 1884, se buscan pretextos que solo intentan disfrazar las verdaderas razones del aumento de la delincuencia que son, entre otras: la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y la inexplicable ausencia de una verdadera política de Estado en material criminal. 

En países donde existen las figuras jurídicas de la cadena perpetua y la pena de muerte posiblemente exista un mayor respeto al imperio de la ley. Y puede que ello sea un punto a favor de los que abogan por el aumento de la pena. Pero en países sin institucionalidad como la RD, el aumento de las penas ha funcionado muy poco y si se quiere nada como estrategia para reducir la criminalidad. Podría decirse que el aumento de las penas a los menores de edad, mediante la modificación de la Ley 136-03, llamada Código del Menor, ayudó considerablemente a la reducción de los delitos cometidos por menores de edad en el país, ya que antes de dicha reforma, los adultos propensos al delito, debido a que las penas para ellos eran mayores, optaban por usar niños para cometer sus fechorías, debido a la facilidad de insertarlos en una propiedad privada, a la facilidad de convencerlos, el bajo costo que hay que pagarles por sus servicios y sobre todo porque la pena para ellos era considerablemente menor que la pena para los adultos.


Como jurista, y como forma de hacer un aporte para edificar al pueblo al respecto, quiero detallar algunas de estas otras razones que provocan el incremento de la criminalidad y la delincuencia y que nada tiene que ver con la referida Ley 76-02. Veamos: 
  1. Una pobre educación y un pésimo sistema educativo. 
  2. Salarios y pensiones de miseria.
  3. Música y televisión que incitan a la violencia y al dinero fácil.
  4. Descuido de la Juventud y poca valoración al talento local.
  5. Malos ejemplos de la clase política.
  6. Discriminación, Desigualdad y Exclusión, Desempleo y falta de oportunidades. 
  7. El Clientelismo y la corrupción política.
  8. La desesperanza y la pérdida de confianza en las instituciones en general.
  9. La cultura de la impunidad y el "Borrón y cuenta nueva".
  10. La alta informalidad laboral



  1. Una pobre educación y un pésimo sistema educativo.



    La educación dominicana es una de las peores del mundo. El país sale ubicado en los últimos lugares del planeta en cuanto a Educación y pese a que desde 1997 existe una ley (Ley 66-97) que ordena la inversión del 4% del PIB en Educación, no fue sino hasta 2013 cuando el gobierno del Presidente Danilo Medina dio el gran paso tras una espera de 15 años y otorgó el 4% del PIB a Educación. Y no por voluntad lo hizo el gobierno, sino por una gran lucha social en la que se involucraron sectores educativos, sindicales, empresariales, sociedad civil, estudiantes y organizaciones internacionales. La inversión del 4% del PIB representó una duplicación del presuepuesto para ese sector tan fundamental para el desarrollo ya que anteriormente las invesriones realizadas no superaban el 2.5% del PIB. En su libro Basta de Historias, Andrés Openheimer considera que "es un error creer que todos los problemas de la sociedad se resuelven con crecimiento económico: el crecimiento no resuelve la pobreza, la pobreza la resuelve la educación. En Latinoamérica se tiene la costumbre – que no existe en los países desarrollados – de hacer repetir el grado a los alumnos con bajo rendimiento. Cuando la educación no funciona, los principales beneficiarios del crecimiento económico son los trabajadores calificados, y la desigualdad crece. 

    Por otra parte, La Policía Nacional, garante de la protección del ciudadano, está lejos de ser una policía profesional, con buena preparación académica, y contrario a otros países donde para ser Oficial policial hay que ser académico, en RD cualquiera alcanza el grado de oficial sin las más mínimas condiciones. Incluso, da pena ver a algunos oficiales superiores dominicanos dando declaraciones a la prensa. No saben siquiera hablar con buen desenvolvimiento ante los medios y disponen de un léxico bastante limitado. Y no solo hay muchos analfabetos funcionales en las filas de la Policía Nacional dominicana. También hay extorsionadores a granel que siempre viven pidiendo dinero en las calles dentro del famoso "macuteo", del cual no son culpables, ya que el responsable de ello es el Estado, pues no les paga salarios dignos para que puedan vivir como la gente. Mi padre Ricardo de los Santos Jiménez, nos decía a mí y a mis hermanos aún siendo niños: "mis hijos yo acepto que ustedes se metan (se interesen) por lo que sea menos a policías, porque esa es la peor profesión que puede elegir una persona en este país". Eso nos lo decía alguien que no tuvo la oportunidad de concluir siquiera la educación básica pero que sabía que ser policía en el país de Duarte y Luperón es denigrante pues la miseria de salario que les pagan les impide vivir con dignidad. Aparte de que en ocasiones los alistados policiales tienen que hacer turnos de 24 horas, lo cual les impide estudiar y prepararse mejor.

    En cuanto al nivel educativo de la población en general es bastante bajo y pésimo, no solo porque el promedio de escolaridad de los dominicanos es de 6 años, una verguenza para el país, sino porque la educación pública es tan mala y deficiente que muchos bachilleres son en realidad analfabetos funcionales o semianalfabetos que no saben leer y escribir y muchos jóvenes que exhiben con orgullo un título universitario que los acredita como "profesionales" tiene una pobreza intelectual enorme, muy pocos conocimientos de cultura general, muy poca capacidad de conceptualización y de debate, en parte debido a un sistema educativo público bastante deficiente, con profesores todavía mal pagados, pese a aumentos salariales de un 30% en los últimos 2 años, y estudiantes que son instruidos en base a memorizar clases, con poca práctica, poco contacto con el exterior y con otras culturas y el inicio de la enseñanza de inglés y francés en 7mo. grado, cuando deberían impartirse estas asignaturas desde 3er. grado al menos. Para completar, las universidades dominicanos tienen pocos y la gran mayoría de centros de educación superior, que de por sí sin bastantes, (46 en un país pequeño) ningún intercambio con universidades extranjeras.

    En el país no llegan a 200 las personas con PHD y no hay ninguna universidad dominicana entre los 5000 mejores del mundo, ni siquiera la Primera Universidad del continente americano, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que cuesta a los contribuyentes casi 200 millones de dólares al año, pero que pese a todas sus deficiencias, conflictos y luchas políticas por su control, es la que tiene mejor salida laboral y la que mejor prepara a los profesionales que el país requiere. Las universidades dominicanas están totalmente divorciadas de las necesidades del sector productivo nacional y todas van en la sintonía de seguir preparando abogados, médicos, contadores, administradores de empresas, psicólogos cuando en el país hay un deficit de 20 mil tecnólogos de la información, los cuales son preparados casi de manera exclusiva por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), institución creada durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández (1996-2000) a quien si algo debe reconocerséle pese a que no se comulgue politicamente con él, es que ha sido el presidente dominicano de la era post-Trujillo que más se ha preocupado por incentivar la educación relacionada con las TIC´s o tecnologías de la INformación y la Comunicación, que están llamadas a ser los nuevos pilares de las economiías de los pueblos.


    Todos esos factores de mala orientación educativa que hemos mencionado provocan que haya frustración y desconsuelo entre los nuevos profesionales que se van graduando cada año, pues al estudiar carreras saturadas, sin salida laboral, se ven precisados a colgar sus títulos en la pared o a tener que aceptar salarios por debajo de lo que merecen, no cual fomenta e incentiva la corrupción y el inmediatismo, esa necesidad de asegurarse en cuanto le llegue la primera oportunidad, sin pensar en los demás, sino solo en sí mismo y robar para sí, para sus hijos, sus nietos y demás.

    El simple aumento de la pena no elimina la mala calidad de la educación.

2. Salarios y pensiones de miseria. 


Los salarios en RD son deprimentes. El 85% de los trabajadores dominicanos ganan menos de RD$20,000.00 (US$425). Ser militar no es un estímulo (un oficial militar gana el miserable salario de US$300, y un alistado militar o policial uno peor de US$150) mientras que en la Policía (Cuerpo Civil Armado No Militar) se pagan los peores salarios de la región exceptuando a Cuba, que es un país comunista donde la escala salarial es baja por default.

Hasta el Presidente Danilo Medina se ha colocado a favor de un aumento de salarios, basando su afirmación en razones humanitarias, porque con los salarios que hay no se puede llevar una vida digna. Y añadió su parecer de que el problema está en que son demasiado bajos.

Son salarios de miseria que no dan para cubrir ni siquiera la canasta básica, lo cual es otro aliciente para la delincuencia. Pues aparte del descuido de las autoridades por la juventud y la poca valoración de su talento, en caso de trabajar, lo hacen ganando salarios que no les permiten vivir dignamente.Pero no solo basta con que el Presidente reconozca que los salarios son bajos, sino que debe actuar para de inmediato corregir ese problema, pues ya lleva 2 años en el cargo y no ha habido mejoras salariales para los servidores públicos. El último aumento salarial general en el sector público fue realizado durante los inicios del tercer mandato del Dr. Leonel Fernández y de eso hacen ya 6 años.


"República Dominicana es el segundo país de América Latina con menor crecimiento de salarios mínimos reales, superado sólo por México, reveló el Banco Central (BC) en la segunda parte de un  informe sobre la informalidad y los ingresos en el mercado laboral. ...ese bajo nivel salarial explica por qué en República Dominicana la pobreza no se ha reducido más rápidamente, a pesar del crecimiento económico que ha experimentado...en 2013 los salarios mínimos reales eran menores a los del año 1979." http://www.cibaoaldia.com/rd-es-segundo-pais-con-salarios-mas-bajos/
No es una vergüenza nacional que tengamos el segundo salario más bajo de la región, donde hasta Haití tiene un salario mínimo más alto que nosotros y donde el salario mínimo real de hoy tiene menor poder adquisitivo que el de hace 35 años atrás? Sí, es una vergüenza, pero a las autoridades no parece importarles. 

El aumento de la pena es una forma equivocada de respuesta del Estado ante el avance de la delincuencia, para esconder entre otras cosas, los salarios reproductores de pobreza pagados a la clase trabajadora. El salario mínimo de los empleados públicos en la RD es de RD$5,117.50 (US$125) y el salario mínimo promedio del sector privado es de RD$8,465.00 (US$190) y lo peor de todo es que el empresariado dominicano, con su mentalidad draconiana y medieval tiene el descaro de decir que "no son bajos" dichos salarios, lo cual fustiga en la impotencia a la juventud quisqueyana.

Si se pagaran mejores salarios, se reduciría la criminalidad, porque se creara un círculo virtuoso donde un mayor poder adquisitivo daría mayor poder de compra a la gente, dinero que volvería a las empresas, que a su vez aumentarían la tributación fiscal al Estado y ganariamos todos.

La delincuencia y la criminalidad causada por los salarios de burla que paga el Estado dominicano no se acaban con un simple aumento de la pena. 

Y las pensiones? 

Permiten al ciudadano dominicano irse a hacer turismo en lugares paradisiacos del planeta como pueden hacer europeos y estadounidenses tras su retiro? La respuesta es un rotunda no. He aquí un dato espantoso: El 73% de las pensiones no cubre el 50% de la canasta básica. 


A través de la nómina que maneja el Ministerio de Hacienda sobre los pensionados, se puede ver que el Estado dominicano paga RD$895, 951.3 millones cada mes a 102,619 personas que fueron beneficiadas con una o más pensiones.
De esta cantidad, la mayoría, equivalente a 82,360 (73%) son pensiones de RD$5,117.50, recursos que sólo representan el 41.17% del valor de la canasta básica del quintil número 1, actualizada hasta agosto 2014 por el Banco Central, en RD$12,429.74.
Esto indica que la mayoría de los pensionados del país devengan salarios que no les alcanza ni para cubrir el 50% de la canasta básica, a pesar de que es en la edad de pensión cuando más necesitan recursos, porque adicional a los productos que generalmente consumen las personas antes de pensionarse, también requieren comprar medicinas para combatir enfermedades que se destacan normalmente en la vejez.
Datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda a Diario Libre indican que en su División de Nómina de Pensionados hay 47 pensiones que tienen un valor menor a los RD$5,117.50, por las cuales el gobierno eroga cada mes RD$142,102.17. Y por las 82,360 pensiones de RD$5,117.50 el Estado paga cada mes RD$421, 477,300.00.
Asimismo, muestran que la nómina bajo su control tiene 11,107 pensiones que van entre los RD$5,117 y los RD$10,000, para un 9.8% de la cantidad total de pensiones registradas en el Ministerio de Hacienda, y con salarios desde RD$10,000 hasta RD$20,000 hay 11,765 para un 10.4%.
Ante este panorama, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), informó que ya es justo y necesario que los pensionados dominicanos reciban un aumento que les permita, por lo menos, poder comprar sus medicinas.
“Hay una demanda de la Asociación de Pensionados, que se incorporó a la demanda de las centrales sindicales, de que la pensión mínima en el país debe ser de RD$10,000 y no de RD$5,117.50”, señaló el presidente de la CNUS, Rafael -Pepe- Abreu.
El sindicalista manifestó que la solicitud de los pensionados también plantea un incremento de sueldos de 30% para las personas que tengan pensiones de RD$10,000 en adelante para que puedan enfrentar el alza del costo de la vida.
Abreu dijo que las centrales sindicales incluyeron la demanda de los pensionados en la propuesta de aumento general de salarios llevaron al Palacio Nacional. Recordó que hay empleados públicos que tienen siete años sin aumento.
La inequidad
Además hay que dejar claro que en el informe entregado por el Ministerio de Hacienda a Diario Libre no se muestran las famosas y altas pensiones de tienen algunos ex funcionarios del Estado, que sobrepasan los RD$400,000.
Extraído de http://www.diariolibre.com/economia/2014/09/29/i812111_las-pensiones-cubre-canasta-bsica.html

3. Música y televisión que incitan a la violencia y al dinero fácil.

La música que se está consumiendo masivamente entre la juventud es la que denigra a la mujer, incita a la violencia, a conseguir el dinero fácil.
Muchos infantes y adolescentes no saben ni leer, pero se saben todas las canciones de los exponentes de música urbana.
Las narco-novelas también tienen mucho consumo dentro de la juventud, la cual no mira el mensaje real que quieren dejar estas producciones de que te harás rico y te darás la buena vida, pero al final terminarás en el cementerio o en la cárcel, sino que miran que siendo un capo puedes tener lujos, muchas mujeres y ostentar ante todos, por lo que interpretan el lado negativo del mensaje. 

El simple aumento de la pena no acaba con la violencia que es promovida por los medios de comunicación. 

4. Descuido de la Juventud y poca valoración al talento local.

En República Dominicana ha habido un inexplicable descuido de la juventud de parte de los gobiernos, sin importar el partido que ostente el poder, pues pese a que el 26 de julio del año 2000, se promulgó la Ley General de Juventud, Num. 49-00, mediante la cual, se creó también la Secretaría de Estado de la Juventud, hoy Ministerio de la Juventud, dicha entidad tiene poca presencia en las zonas apartadas del país y la juventud dominicana siente muy poco el efecto de sus políticas. Escasas becas y unas pocas actividades son parte de su limitado accionar a favor de los favoritos de San Juan Bosco. 

El Estado Dominicano maneja el dato de que en su territorio pululan alrededor de 650 mil jóvenes Ni-ni's (que Ni estudian Ni trabajan) y 1 de cada 3 jóvenes no tiene empleo, siendo la juventud el grupo social con mayor porcentaje de desempleo (33%) en la nación. Las políticas del referido Ministerio de la Juventud son muy esporádicas; no se fomenta ni estimula el desarrollo del talento; se ha descuidado todo lo relativo a la acción de involucrar a la juventud en el deporte, las actividades recreativas, las becas para el estudio de carreras de las que el país tiene elevada demanda, y para colmo de males se ha alejado a la juventud de la toma de decisiones, pues son escasos los jóvenes procedentes de los bajos estratos sociales que ocupan puestos de dirección. Adicionalmente, para lograr ascender en la escala social dominicana es necesario "estar pegado" con alguien que te sirva de "padrino" para poder crecer o avanzar. 

Como ya hemos dicho, no solo hay pocos jovenes de procedencia humilde ocupando lugares de principalía, sino que también la mayor parte de los puestos de dirección son ocupados por personas de avanzada edad, especialmente si se trata del sector público, donde el gabinete del Presidente Danilo Medina tiene una edad promedio superior a los 50 años, pese a ser la República Dominicana un país de gente joven (un tercio de la población es menor de 15 años y un 95% es menor de 64 años) según  https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana. Si se tratara de países europeos donde la edad promedio supera los 40 años, fuera comprensible quizá que a la juventud no se le otorguen muchas oportunidades, porque la juventud es minoría en esas naciones, pero en un país donde la edad promedio es de apenas 27 años, la participación de la juventud en la toma de decisiones, en relación a su tamaño porcentual, es excesivamente baja.

Aparte de ello, no hay un seguimiento al talento joven. El caso de la joven gimnasta dominicana Yamillet Peña es un vivo ejemplo de ello. Peña "se convirtió en la primera gimnasta dominicana que se clasifica a unos Juegos Olímpicos tras obtener un boleto para Londres 2012 en un clasificatorio...en Inglaterra" (http://www.noticiassin.com/2012/01/yamilet-pena-primera-gimnasta-dominicana-que-va-a-los-olimpicos/) sin embargo, pese a ese gran performance, el descubrimiento de este estrella no fue un logro de los dirigentes olímpicos dominicanos, pues fue tan solo 2 o 3 meses antes de las Olimpíadas que fue tomada en cuenta y pese a ello quedó en el 6to. lugar del Mundo (http://www.almomento.net/articulo/115500/Gimnasta-Yamilet-Pena-obtiene-sexto-lugar-en-Londres-2012), lugar que habría mejorado bastante si se le habría dado el debido seguimiento uno o dos años atrás.

Mientras se descuide la juventud, y se la quiera constreñir de delinquir aumentando las penas, estaremos navegando en la dirección equivocada. 

5. Malos ejemplos de la clase política.


"...el famoso helicóptero que el senador Amable Aristy Castro utilizó en su campaña de 2008 definitivamente no era de su propiedad, sino de la Liga Municipal Dominicana (LMD). Tenía entonces un valor de no menos de US$2 millones. Este país es increíble. Cómo un funcionario de ese nivel se compra un aparato de tan alto costo y consumo, para usarlo privadamente. No fue sólo en la campaña. También viajaba como deporte desde su provincia al patio de la Liga y por toda la geografía nacional. Ahora Johnny Jones dice que lo repara para entregarlo al 9-1-1-, según dijo al periódico Hoy. http://www.elcaribe.com.do/2014/08/29/helicoptero-amable


Con ejemplos como éste, puede acaso la juventud decantarse por otros caminos?
Sea usted el jurado.

Los malos ejemplos de la clase política que conducen a la juventud por malos caminos no se solucionan ni se eliminan con un simple aumento de la pena. 

6. Discriminación, Desigualdad y Exclusión, Desempleo y falta de oportunidades. 

La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, al participar en el VII Foro de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social de México (Sedesol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebrado el 31 de octubre de 2014 en México, ha reconocido que la desigualdad social condiciona la libertad de los ciudadanos, a la vez que abogó por un modelo de promoción de la productividad y la inclusión laboral como parte fundamental del combate a la pobreza. Allí ha indicado que "la mejor política económica es el combate a la pobreza". Quizá le faltó decir a la vicepresidenta de la República que la desigualdad social no solo condiciona la libertad de los ciudadanos sino que los induce en muchos casos a caer en las redes de la criminalidad y los negocios ilícitos.

En iguales términos se pronunciaba el actual presidente de la República, Lic. Danilo Medina, quien durante la campaña electoral de 2012 identificaba constantemente los males que había que combatir para eliminar la pobreza, las desigualdades y la exclusión social que son caldo de cultivo para la criminalidad. Y hablaba de aumentar salarios porque eran muy bajos, educar a la gente, apoyar a los emprendedores y a las mujeres y "cambiar el rostro físico de la República Dominicana".

Otros como el ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, aprovechan la coyuntura electoral para decir que "no es posible lograr una sociedad más igualitaria con los salarios que se pagan en República Dominicana. " Y señala Montás que hay que tratar que los empleos sean de calidad para así lograr reducir la exclusión social que hay en el país.

Temístocles Montás
Se aprecia en este y en tantos otros planteamientos de la clase política del país que conocen a fondo las causas del problema de la delincuencia, de la desigualdad y de la exclusión. Pero que falta voluntad política para atacar dichos problemas. En el caso de Montás, sus declaraciones no parecen ser más que pura demagogia política, ya que ha estado en posiciones claves del Estado durante 14 de los últimos 18 años y es bastante poco lo que ha hecho a favor de la reducción de las desigualdades sociales en la República Dominicana. Mas que trabajar por la reducción de las desigualdades y la exclusión, por el contrario, ha sido impulsor de las reformas tributarias impulsadas por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que no han contribuido a la reducción de la pobreza, sino por el contrario, han aumentado la misma al reducir el poder adquisitivo de los más pobres.

 
Según el Informe Attali, "En el período que va de 1970 al 2008, la República Dominicana ha sabido mantener un ritmo de crecimiento económico promedio anual de más de 5% para alcanzar un PIB... de 47 billones de dólares en 2010".

Sin embargo, este crecimiento sostenido no se ha reflejado en mejoras de las condiciones de vida de la población dominicana en general. Ha crecido y se ha beneficiado de este crecimiento un grupito, una élite o "los mismos de siempre''. América Latina es la región más desigual del mundo y la República Dominicana no es ajena a esa realidad. Las diferencias entre ricos y pobres son asombrosas. La República Dominicana explota un modelo económico que es un reproductor de pobreza por excelencia, lo cual genera discriminación, desigualdad y exclusión, donde muchos solo son tomados en cuenta durante los torneos electorales, por el afán de conseguir votos que tiene los que aspiran a dirigir los destinos de la nación.
El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), monseñor Agripino Núñez Collado, quien a la vez funge como presidente del Consejo Económico y Social (CES) entrevistado por Listín Diario en septiembre pasado, expresó preocupación por los niveles de delincuencia que castigan al país y dijo que los ciudadanos ya no quieren salir a las calles.  Núñez Collado explicó que la situación se manifiesta en el temor de muchas personas a salir a las calles para evitar ser víctimas de atracos, e indicó que los delincuentes ya no respetan día ni hora específicas para cometer sus fechorías.


Para Núñez Collado, la delincuencia tiene su origen en múltiples factores sociales y económicos, entre estos el desempleo. El rector de la PUCMM manifestó que muchos dominicanos no tienen empleos o carecen de los recursos para sobrevivir, lo cual a su juicio incide en el incremento de la criminalidad. El mediador por excelencia de la Iglesia Católica para conflictos que afecten los intereses del sistema hizo un llamado al Gobierno y a los empresarios para que busquen la forma de invertir más recursos en la creación de fuentes de empleos y contribuir a bajar los niveles de actos delictivos que registra el país, sugiriendo asimismo a las autoridades nacionales invertir mayores recursos para fortalecer la logística y el aporte humano necesario para alcanzar una disminución de los actos delictivos en el país. 


El dos veces Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, se inscribe dentro de los que están a favor del aumento de las penas como estrategia para reducir la criminalidad, pese a reconocer que dicha acción no resuelve el problema. Fue por ello que en julio pasado pidió a los legisladores que aprobaran las modificaciones al Código Procesal Penal que cursa, a fin de incrementar los regímenes de consecuencias de quienes delinquen.
 
Lic. Francisco Domínguez Brito
Ha pedido Domínguez Brito que se establezcan sanciones de “40 años y más” contra ciertos delitos que “salen” de la categoría de un homicidio o crimen común. “Una muerte seguida de un atraco y con armas ilegales tiene que ser castigada con más de 40 años. No puede ser catalogado como homicidio y robo cuya pena máxima es de 20 años”, expresó Domínguez Brito. El funcionario reconoció que dicha medida no resuelve el problema de la criminalidad, especialmente del sicariato pero ayuda a “disuadirla”. (Matutino "El Día, 26/07/14, P. 4). Pese a reconocer que no resuelve el problema, pide que haya aumento de las penas. no lo entiendo Procurador.

Dra. Marisol Tobal
Por su parte, la Dra. Marisol Tobal, quien desde 2004 funge como Procuradura General Adjunta para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes, entrevistada en el programa televisivo dominical "Ministerio Público" del 19 de octubre de 2014, órgano de difusión de la Procuraduría General de la República, que conduce Laura Serrata Asmar, dijo que ella siempre se opuso al aumento de la pena a los menores porque esto no resolvía nada. "Ha bajado el índice de la criminalidad? (tras aumentar las penas). No " dijo Tobal, quien agregó que  cuando un menor sale de los centros correccionales es oportuno que reciba el apoyo de su familia, del Estado y de la sociedad para que no vuelva a delinquir. "...La gran mayoría de ellos, luego que salen del sistema de nosotros, ya no hay una institución responsable de darle seguimiento, y ¿qué ocurre?. Ellos vuelven al mismo entorno, vuelven a la misma familia, no tienen oportunidades, no les dan oportunidades de empleos, todo el mundo los rechaza y eso los lleva a que vuelvan nuevamente a delinquir." 

Como se puede apreciar, dentro del mismo Ministerio Público  existen contradicciones sobre el aumento de la pena. Mientras que el Procurador General de la República se pronuncia a favor del aumento de penas, su subalterna, la Dra. Marisol Tobal, se opone al aumento de las mismas. Siendo realistas, los hechos dan la razón a la Dra. Tobal. 

Y decimos que ella tiene la razón porque siempre que expone sobre el tema, da argumentos de peso que demuestran que con aumentar las penas, el Estado solo busca castigar a un monstruo que el mismo Estado es quien lo ha creado. 

Si el 80% de los adolescentes en delincuencia es analfabeto es porque el Estado no ha hecho lo suficiente para cumplir el mandato constitucional de que la Educación debe ser universal y gratuita. 

Aparte de que 8 de cada 10 menores que delinquen son analfabetos, también los menores en su mayoría son víctimas de maltratos físicos y emocionales. 

"Muchos de los menores de edad que se encuentran en los centros especializados son víctimas de maltratos físicos y emocionales. El 80% es analfabeto, no ha podido ir a una escuela, no tiene papa, ni madre y no ha podido desarrollarse en ningún sentido", expresó Marisol Tobal en el programa televisivo matutino Diario Libre AM en fecha 30 de noviembre de 2011.

Y agregó que: "el Estado debe realizar planes de prevención con la familia y concatenar los programas de Solidaridad, Progresando y con las madres solteras, debido a que muchos hogares dominicanos son encabezados por ellas. A la vez sugiere que el Gobierno dé "seguimiento a los niños en las escuelas para que no abandonen sus estudios y regular la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como sancionar a los padres que sean irresponsables en ese sentido. Aquí las autoridades tienen que revisar los responsables, porque aquí se abre un colmadón en cada esquina y se está vendiendo y tomando más alcohol que agua. Entonces yo veo que la regulación de la venta de alcohol es muy flexible. En tanto, dijo que hay padres que envían a sus hijos a comprar alcohol en los colmados, "otros hace peor y se sientan con ellos a tomar, pero también hay discotecas que saben que no deben permitir a menores de edad y lo hace, al igual que los colmados que saben que no pueden vender alcohol a los menores. Asimismo, reiteró su rechazo a que se eleve a 15 años la pena máxima a los menores infractores, por considerarlo improcedente desde el punto de vista del desarrollo físico y emocional de los adolescentes". 

"Tu hablarle a un adolescente, que entraría a un centro de adolescentes en conflicto con la ley penal con apenas 16 años, que va a salir dentro de 15 años es tu destruirle la vida, además no se puede castigar lo que el mismo Estado ha creado. El Estado le ha negado a estos muchachos todas las oportunidades", manifestó. (http://www.diariolibre.com/noticias/2011/11/30/i315111_marisol-tobal-dice-menores-delincuencia-analfabeto.html)

El simple aumento de la pena no acaba con la discriminación, la desigualdad y la exclusión que vive una gran mayoría de la población dominicana, en especial los jóvenes y las mujeres. 

7. El Clientelismo y la corrupción política.

Las dádivas y el clientelismo han creado una población de vagos, impuestas a vivir del paternalismo y la caridad del Estado, lo cual es injustificable dentro de un "Estado Social y Democrático de Derecho" como reza el Art. 7 de la Constitución de 2010, "la Constitución de Leonel" como la llaman muchos,  pues ante una población que necesita salud, educación, viviendas y empleos de calidad aparace una clase política corrupta que en vez de "Servir al partido para servir al pueblo" como pregonaba el insigne e ilustre ciudadano Juan Bosch, mas bien se sirve del partido para robarle al pueblo. 

La RD debe ser uno de los países más clientelistas del globo y todo se logra u obtiene, con contadas excepciones, por amiguismo y/o clientelismo, y los bajos salarios, las precariedades que viven las personas mayores, las pensiones de miseria que existen en el país provocan que todo el que va al Estado vaya pensando en "coger lo suyo" para no salir a dar pena cuando salga de la función pública que ejerce, lo cual incentiva el desfalco del Estado sin que parezca dolerle a nadie. Allí se justifica la expresión que reza que "El Estado no tiene dolientes". 

Las tarjetas Solidaridad, Bono-Gas, Bono-Luz, Comer es Primero y otros tantos programas asistencialistas, no son más que parches de un Estado que ha tenido que recurrir a ellos para cubrir sus fallas con su ciudadanía, la cual, pese a pagar religiosamente sus impuestos, no es retribuida en la debida medida por el Estado.  

El simple aumento de la pena no acaba con el clientelismo y la corrupción que tanto afecta al pueblo dominicano.

8. La desesperanza y la pérdida de confianza en las instituciones en general.

Hay una sensación enorme de desesperanza entre el pueblo que no tiene límites. La gente no cree en los políticos, no cree en la Justicia, no cree en los periodistas porque "se venden" y porque antes los callaban con balas, pero ahora los callan con dinero. Tampoco creen en la Policía, ni en las Fuerzas Armadas, ni en los organismos de Seguridad del Estado, no creen en los partidos políticos, y tras los escándalos de pedofilia y pederastia de sacerdotes, ha dejado de creer en la Iglesia Católica. Y no solo por ello, sino porque en ocasiones, las Iglesias se coloca en la acera opuesta a los intereses del pueblo. Esto se ha llevado de encuentro a los pastores evángelicos y ya el pueblo está dejando de creer en ellos también. Esto genera una sensación de desprotección donde la gente no cree en nada ni nadie. 


El simple aumento de la pena no acaba con la desesperanza del pueblo.




9. La cultura de la impunidad y el "Borrón y cuenta nueva". 

La arraiga cultura de impunidad, y del "Borrón y cuenta nueva" aplicado en 1978 por el Presidente Antonio Guzmán y repetido por varios otros gobiernos que le han sucedido, provoca que no haya miedo al sistema penal por más que se aumenten las penas, ya que se tiene la sensación de que la impunidad se consigue o se compra. Si gana mi partido, sigo en el cargo, aunque esté acusado de faltas graves, de clientelismo y corrupción. Si mi partido pierde, me podrían perseguir, si acaso, porque el Departamento de Persecusión Contra la Corrupción Administrativa (DPCCA) es poco lo que hace o puede hacer. Incluso el referido Departamento tuvo un director, el Dr. Hotoniel Bonilla, que una vez estimó en RD$104,000 millones de pesos el monto que había sido robado al Estado a través de la historia en actos de corrupción. Y la actual Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana hace poco tiempo afirmó que "Con lo que se han robado los políticos a través del tiempo, se podrían construir dos repúblicas más". 

El simple aumento de la pena no acaba con la impunidad.  

10. La alta informalidad laboral. 

La alta informalidad laboral, que implica desprotección de seguridad social y de pensiones a la hora del retiro, es caldo de cultivo para la delincuencia. Tenemos un 57% de la población que trabaja que lo hace por cuenta propia, y si bien es cierto que este tipo de empleo ayuda a paliar la falta de empleos formales, no menos cierto es que la inestabilidad en el ingreso, la falta de seguro de salud y pensiones, la falta de un seguro de protección contra accidentes laborales y la falta de acceso al crédito formal de la banca, son condiciones que podrían llevar a la desesperación a quienes trabajan por cuenta propia. La incertidumbre de no tener un ingreso fijo les complica la vida y les acarrera muchos solores de cabeza ya que en su mayoría son padres de familia, que tiene muchos hijos (porque no existe una cultura de planificación familiar y la gente mientras más pobre es, mas hijos tiene) y por ende gastos de colegiaturas, alimentación, educación y otros que le complican la vida, llevándolos al punto de la desesperación cuando el negocio que han decidido emprender no da los resultados esperados, ya que el Estado no protege a los emprendedores sino que más bien los aplasta y golpea o los abandona, y esto crea un desencanto que lleva a la gente joven especialmente a pensar que no vale la pena estudiar, que no vale la pena ser honesto, que no vale la pena ser emprendedor. 

Si no se resuelve el problema de la alta informalidad, y si se realiza una reforma laboral descabellada como la que propone la clase patronal, los draconianos empresarios que como una vez dijo Balaguer "lo quieren todo", entonces va a aumentar el desempleo, la informalidad laboral y por vía de consecuencia la criminalidad y, como el Estado siempre recurre al aumento de la pena para atacar la delincuencia, podría tener que subir nuevamente la pena máxima, la cual es de fue aumentada de 30 a 40 años en el nuevo Código Penal, a 50 o 60 años para seguir justificando que toma medidas para atacar la delincuencia, cuando en realidad los expertos en temas criminales, y otros que no somos aún tan expertos sabemos que "la fiebre no está en la sábana. 





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