Exigimos respeto para la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano.

La República Dominicana, por no tener la influencia internacional que tienen países como Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, Corea del Sur o Israel, cuando sus aún frágiles instituciones toman decisiones, como la sentencia 168-2013 emitida en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, la cual establece un orden regulatorio a los inmigrantes en República Dominicana en cumplimiento a lo que manda la Constitución Dominicana modificada en 2010, recibe presiones de todo tipo, tanto a nivel interno como externo, de parte de personalidades de la llamada "Sociedad Civil", encabezados por Participación Ciudadana,  ONG's y defensores de las posibles personas afectadas, como son los Jesuitas y Visión Mundial, y de Estados Unidos, La Unión Europea y otros paises y organismos. Si el caso involucra asuntos relacionados con Haití, la presión es mayor y se llega al absurdo de pedir al país que cambie o adecue sus leyes para que las mismas estén acorde con los intereses de esas naciones u organismos a las que el país le debe explicaciones porque los gobiernos que han administrado el Estado dominicano han hipotecado el país mediante préstamos hasta para construir la acera de un jardín, cuando deberían incentivar la producción industrial del país para reducir la dependencia del crédito foráneo, el cual es un limitador por excelencia de las soberanías de los pueblos.

Si nos enfocamos en el aspecto migratorio, hemos dicho reiteradamente por nuestra cuenta de Twitter @GEORGE_JIMENEZ4, que la República Dominicana como país está en todo su derecho de aplicar sus leyes migratorias y de regularizar el estatus de todo el que viva en nuestro territorio; que si esto en verdad es un Estado y no una aldea o un “conuco con una bandera” como lo llama el periodista vegano Rufino (El Chino) Gil, tenemos que dar solución a este problema que por años nos ha afectado y que gobiernos van y otros vienen y nadie se había decidido a poner el cascabel al gato hasta que la referida sentencia del TC hizo un llamado de atención a los poderes públicos para que se intente poner fin a este desastre.

Un servidor apoya la sentencia en su cuasi totalidad la sentencia 168-13 y en la única parte de la misma en que estoy en desacuerdo es en la aplicación de una revisión retroactiva a 1929 ya que entiendo que la misma Constitución actual plantea en su Artículo 18, numeral 2, en lo relativo a la Nacionalidad que: “Son dominicanas y dominicanos…Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución.” Por tanto es injusto el despojo de la nacionalidad para quien ya la tenía. Pero por demás, esa misma Constitución, la “Constitución de Leonel Fernández” contempla en su Artículo 110 el Principio de Irretroactividad de la ley, por lo cual reza que “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.”

Pleno del Tribunal Constitucional Dominicano

Fuera de ello, de la aplicación de la sentencia con carácter retroactivo, apoyo íntegramente los planteamientos de la Sentencia del TC. Nadie antes había tenido tanto coraje para defender la soberanía nacional como lo hizo el TC con su sentencia, que siempre será alabada por unos, y detractada por otros ya que la misma es muy controversial. Esta sentencia dejó ver el refajo de un Estado incapaz de tener políticas claras para definir la situación migratoria y los aspectos relativos a la nacionalidad. Un Estado que por décadas mantuvo una política ineficiente e inoperante en el control migratorio a un extremo tal que lo que hizo fue agravar el problema y llevarlo a la magnitud en que lo tenemos hoy día.

Coincido plenamente con el planteamiento del ex presidente de la República, el Dr. Leonel Fernández Reyna, quien ha exigido respeto para la sentencia, indicando que se puede resolver el problema que se ha generado con Haití, pero sin irrespetar el fallo del TC bajo la premisa de que cada nación tiene el derecho de aplicar sus leyes en torno a la documentación de ciudadanos y establecer los lineamientos jurídicos que considere de lugar para tratar la nacionalidad. Fernández ha planteado que “Ahora, lo que puede verse en la reciente decisión del Tribunal Constitucional es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro" e indicó que "si se interpreta simple y llanamente de regir para el futuro, no hay discusión, porque es una expresión de la soberanía del Estado de determinar quiénes son nacionales dominicanos".

"Si la sentencia tiene efecto retroactivo, entonces habría que determinar el estatus legal de quienes han vivido en el país, que han tenido la impresión de ser dominicanos, en algún momento tuvieron hasta la documentación dominicana, y ya eso engendra otros tipos de problemas”. Resaltó que "obtener la nacionalidad dominicana por el vínculo sanguíneo (jus solis), dependerá de si los padres están legalmente en la República Dominicana".

“Eso en los Estados Unidos tal vez no se entienda, porque aquí no se aplica, es otro sistema el que existe en este país. Aquí, por el solo hecho de nacer en este territorio, aunque los padres no estén legalmente documentados, esa criatura es norteamericana. Pero no es así en todas partes del mundo”. 

El ex presidente Leonel Fernández declaró que West Palm Beach, Florida, en enero 2014 que para resolver el problema creado por la Sentencia 168 del Tribunal Constitucional es necesario que el Estado dominicano les reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que poseen el certificado de nacimiento dominicano.

En un despacho de prensa de la agencia AP, firmado por Matt Sedensky, el pasado martes 8, se resalta que el ex gobernante muestra una línea más suave que otros líderes dominicanos respecto a la situación de los dominicanos de origen extranjero (la mayoría de ascendencia haitiana) a raíz de la sentencia No. 168 del TC.

Dr. Leonel Fernández

El Dr. Leonel Fernández es partidario del criterio de que a los niños migrantes a los que se les emitieron certificados de nacimiento, se les debe conceder la ciudadanía, “una posición algo más suave que la del actual gobierno”. Es decir, que Fernández, quizá por ser experto en derecho comparado y derecho internacional, reconoce que el Estado no puede quitar derechos a aquellos a quienes el Estado ya en algún momento, les emitió documentos. En esa parte estamos plenamente de acuerdo con Fernández, y no nos oponemos. El problema está con aquellos que adquirieron la nacionalidad de manera fraudulenta, por 50 o 100 dólares. Esos no pueden ser dominicanos porque se basaron en un acto irregular para adquirir su derecho a la ciudadanía dominicana. Lo triste y penoso de todo es que muchas veces, esa adquisición irregular de la nacionalidad se hizo en franca complicidad con oficiales representantes del Estado dominicano. Pero no debe sorprendernos porque se trata de un país tercermundista donde las instituciones no funcionan, como lo es la República Dominicana. Agrega que el asunto ha generado división y ha llevado a la condena internacional de la República Dominicana.

Según Fernández, los hijos de muchos trabajadores haitianos recibieron indebidamente certificados de nacimiento dominicanos, antes de que una enmienda constitucional de 2010 aclarara las reglas de ciudadanía.

“No debieron haber hecho eso, pero lo hicieron”, dijo Fernández. “Tenemos que solucionar ese problema, que reconocerlo: la nacionalidad dominicana de todos aquellos que ya tienen certificados de nacimiento.”

Fernández dejó claro que la República Dominicana no es el único país que no concede automáticamente la ciudadanía a los hijos de los que no son ciudadanos.

“En EE.UU., si alguien nace en suelo estadounidense, automáticamente te conviertes en un ciudadano americano. Hay una tendencia a creer que esto se lleva a cabo en todo el mundo, y eso no es cierto. Esto no sucede en Suiza, no sucede en Francia, no sucede en Alemania, no sucede en Japón; esto no sucede en muchos lugares del mundo”.

Fuera del foro en West Palm Beach, el fallo del tribunal atrajo fuertes críticas de un pequeño grupo de manifestantes haitiano-estadounidenses que protestaban por la comparecencia de Fernández. Entre los manifestantes estaba Marleine Bastien, directora ejecutiva de Mujeres Haitianas de Miami, quien dijo sobre los condenados a la pérdida de la ciudadanía, lo siguiente: “Negarles su derecho de nacimiento es un crimen”.

El informe del foro de West Palm Beach recuerda que grupos de derechos humanos dicen que la ley despoja de la ciudadanía a más de 200,000 personas, en gran parte inmigrantes haitianos y sus descendientes, que cruzaron la frontera para cortar la caña de azúcar o que aceptaron otros empleos de bajos salarios, bajo contrato del Estado o de empresas privadas autorizadas por el Estado dominicano para hacer las contrataciones de obreros extranjeros. El gobierno dice que la cifra es de sólo unas 13,000 personas de ascendencia haitiana y unos 11,000 de otras nacionalidades.

Por otro lado, hay quienes están contra la Sentencia del TC alegando fines humanitarios. Tal es el caso del analista Wilfredo Lozano, quien escribió para la Revista “La Lupa Sin Trabas” para la edición del 08 de noviembre 2013 lo siguiente y cito: 

“No es cierto –como argumentan algunos– que no haya una situación de virtual apatridia de los afectados con la sentencia. Primero, porque cualquiera que sea la argumentación, a ellos se les ha despojado de su condición nacional; segundo, porque sencillamente es imposible demostrar que esta población es haitiana, precisamente por la condición irregular misma en que se encuentran, sobre todo la indocumentación, a la que ha contribuido el propio Estado, como agente intermediario y empleador de la inmigración irregular que estimuló la entrada de sus padres al país en condiciones irregulares, a lo que siguió su residencia durante décadas bajo el estricto control, precisamente, del Estado en el mundo del batey, una suerte de espacio de apartheid organizado por las plantaciones bajo la protección y vigilancia misma del Estado.”

Pero pedir que el Estado siga asumiendo como dominicanos a personas que no lo son, ya sea porque adquirieron de manera fraudulenta o irregular su nacionalidad, o porque no cumplen los requisitos para poseerla, no es correcto. Coincido con lo que plantea el diplomático criollo Flavio Darío Espinal, quien también escribió un artículo para la referida revista el mismo día donde indica que “La controversia en torno a esta sentencia continuará por mucho tiempo y sus repercusiones jurídicas y políticas son imposibles de predecir en este momento.”

Particularmente, un servidor apoya plenamente, reitero, la sentencia del TC, por considerarla como el mejor instrumento de salvaguarda de la soberanía nacional que han adoptado los poderes públicos de nuestro país para evitar que los algunos intereses extranjeros, que nos han saqueado desde 1492 cuando "descubrieron" la isla para llevarse nuestro oro, el cual le cambiabamos por miserables espejitos; a los que tuvo que sublevarséles el bravo y poco valorado Cacique Enriquillo para que no terminaran de matar los pocos taínos que nos quedaban en 1519; que nos impusieron el catolicismo y la mentalidad más atrasada del medioevo europeo; que nos remataron en 1586 con el saqueo del corsario inglés Francis Drake; que nos hicieron perder casi un tercio de la isla por las estúpidas "Devastaciones de Osorio" ordenadas por el Rey Felipe III; que nos degollaron a cientos de compatriotas en 1805 durante la retirada de Dessalines; que nos cerraron la Universidad de Santo Domingo, Primada de América, en 1822, tras el asalto de Boyer; que conspiraron para anexarnos a España en 1861 y luego intentaron anexarnos a Francia y quitarnos la Bahía de Samaná por 99 años; que nos invadieron por 8 años a partir de 1916; que apoyaron al tirano Trujillo mientras oprimía al pueblo dominicano y aniquilaba a las Hermanas Mirabal; que nos despojaron de un buen presidente como Bosch mediante un golpe de estado en 1963 bajo la absurda excusa de que era comunista, golpe de estado orquestado por la draconiana Iglesia Católica Dominicana, con el P. Laútico García a la cabeza; que nos volvieron a invadir en 1965 dejando sin vida a más de 3 mil dominicanos, donde pese a las pérdidas surgimos como el "David del Caribe" y esos mismos que hoy se llevan impunemente el oro de la mina a cielo abierto más grande del mundo (la de Pueblo Viejo de Cotuí) y el níquel de Bonao; que quieren depredar a Loma Miranada y que siempre han querido fusionar la isla para echarnos encima la carga que representa Haití, porque es un estado fallido, y por tanto, un bulto muy pesado con el que nadie quiere cargar, esos que nos quieren seguir quitando lo poco que nos queda en este terroncito paradisíaco que si hubiera sido administrado mejor por la parasitaria e inútil clase política dominicana, fuera uno de los países más felices del mundo. Y felices de verdad que conste, porque hace poco resultamos electos como el segundo país más feliz del mundo, lo cual es falso de toda falsedad y es, por demás, una burla y un insulto a las mentes pensantes que hay en el país, pues un país con pésimos servicios de energía eléctrica y agua potable, que solo invierte 1.3% del PIB en salud, con un 46% de la población sin seguridad social, con el 73% de las pensiones por debajo de 125 dólares y con una educación de pésima calidad, por más cegados que nos tengan los religiosos con sus ofertas de un paraíso inexistente post-morten y por mas “allantados” que nos tengan los oligarcas con la manipulación mediática a que nos tienen sometidos por medio del silencio a papeletazos limpios de la prensa, no puede ser tan feliz como decía ese estudio, que respetamos, pero que para nada compartimos.

Ha dicho el 09 de enero de 2014 el ex secretario de las Fuerzas Armadas dominicanas, General retirado Ramiro Matos González, que si no se cumple la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana, el país se encamina hacia su inexistencia como República pues hay un plan para fusionar a la patria de Duarte con la de Toussaint Louverture. 

No lo permitiremos. Dejamos claro que un plan de este tipo no pasará. 

Mientras tanto, que viva el Tribunal Constitucional de la República Dominicana!!!.

Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados

Y que la Sentencia 168-13 se lea y se relea una y mil veces y detractores de ella que sin leerla andan opinando por ahí sin base jurídica y solo hablando por hablar. Y no que se entregue con fines de promoción política como lo ha si es necesario se entregue en brochure a cientos de hecho Abel Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, sino que se haga por el bien de la patria.

Que Viva la República Dominicana!!!.